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“Si esta Ley no se prorroga lo que vamos a tener son desalojos, zona liberada y una masacre”

Néstor Jerez, cacique de la comunidad Ocloya de Jujuy, se encuentra en Buenos Aires junto con representantes de diversas comunidades indígenas del país. El objetivo es que se prorrogue la ley de Emergencia Territorial sobre la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades.

 “Esta ley es la que hoy nos ampara contra los atropellos, la vulneración de derechos y los intentos de desalojos que tenemos en las comunidades preexistentes en la Argentina”, dice Jerez y recuerda que “teniendo en cuenta que hoy hay dos mil comunidades en Argentina, en Jujuy 350 comunidades, y si esta ley no se prorroga lo que vamos a tener son desalojos de las comunidades, zona liberada y una masacre por los atropellos que vamos teniendo en los territorios por los terratenientes”.

Hace un par de semanas Jerez fue amenazado en su propia casa donde quienes lo amenazaron sostuvieron que lo iban a hacer desaparecer como a Santiago Maldonado: “La situación se profundiza por parte de los terratenientes porque tienen el aval del gobierno de turno”, dijo Jerez y recordó que en el pueblo Tilian una familia terrateniente (Bárcena) mató a tiros a los animales de la comunidad.   

“En mi caso, sufrí un atentado, porque me dijeron ´te voy a cagar matando indio hijo de mil puta’; me tiraron la camioneta encima y me tiraron tiros diciéndome ´te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado’”, explicó el cacique Ocloya. El hecho ocurrió cuando Jerez se cruzó en un camino con Daniel Enrique Verzini y Ariel Amaranto, de la Empresa Papelera NOA.

Este jueves se desarrollará una radio abierta frente al Congreso de la Nación y diversos representantes de las comunidades originarias pidieron audiencias con los senadores para poder pedir el apoyo a la prórroga de la Ley 26.160 de Ley de Emergencia Territorial sobre la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas.

La norma, prorrogada dos veces y que vence en noviembre próximo, suspendió los desalojos y obligó al Estado a realizar un relevamiento de las tierras. La necesidad de una nueva prórroga radica en que once años después de aprobada la norma, el relevamiento de tierras apenas alcanzó al 30% de las comunidades registradas.

El próximo 23 de noviembre vencerá una vez más la vigencia de la ley. De no prorrogarse, el 70% de las comunidades quedarán sin ser relevadas y vulnerables frente a los intentos de desalojo.

Programa completo: